Luego de que 20 Congresos locales avalaron las modificaciones al artículo quinto transitorio, la Cámara de Diputados declaró constitucionalidad la reforma que permite al Ejército realizar tareas de seguridad pública hasta 2028.
El trámite estuvo a cargo de la morenista Karla Yuritzi Almazán, luego que el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, evitó realizar la declaratoria debido a que sostiene un encuentro en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, recomendó a la mayoría oficialista no cantar victoria, porque la militarización de la seguridad pública es la derrota del legado que el PRI le dejó al Estado mexicano: la separación del poder civil sobre el militar.
“Su victoria es la derrota de este histórico legado que le debemos fundacionalmente al General Lázaro Cárdenas”, afirmó.
Por su parte, el petista Gerardo Fernández Noroña acusó al presidente de la Mesa Directiva, el panista Santiago Creel, de ser el impulsor de la posición facciosa de su partido y como ejemplo indicó que Guanajuato votó en contra la reforma a pesar de que es la entidad más violenta y la que más homicidios da al país.
El panista Ricardo Villarreal le contestó que los cinco estados más violentos del País son Colima, Zacatecas, Baja California, Sonora y Morelos y todos están gobernados por Morena.
Los Congresos locales donde fueron aprobadas las modificaciones constitucionales fueron en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México, de acuerdo con la declaratoria que fue enviada al Senado para sus efectos constitucionales.
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