PULSO

Eduardo Meraz

El habitante temporal del palacete virreinal tiene ante sí la magnífica oportunidad de respaldar la decisión de la Corte para que el Instituto de Transparencia pueda, en breve, operar a plenitud y así presentar su solicitud de conocer los contratos otorgados por los gobiernos previos y el suyo a Xóchitl Gálvez, aunque ello signifique enterrar su mundo ideal.

Por paradójico que pueda parecer, su interés por conocer los negocios de la más notoria de los aspirantes a sucederle, por parte de la alianza opositora, sacaría del limbo al INAI y con altas posibilidades de otorgar prioridad a la petición del presi envallado.

Por otro lado, poco puede importarle ya el salario de los ministros, si con su determinación de este jueves -13 de julio-, reivindican no estar para defender a oligarcas o minorías rapaces, sino en favor de los derechos de saber y de privacidad de todos los mexicanos.

Una vez que el INAI pueda funcionar con normalidad, el mandatario totalmente Palacio Nacional podrá solicitar, por su conducto y con la colaboración de la agrupación Mexicanos contra la Corrupción, a todas las dependencias públicas la información de los contratos otorgados, en lo que va del siglo, a las empresas de Gálvez Ruiz.

Extraña esta triangulación que pretende llevar a cabo, sobre todo con organismos adversarios, si cuenta con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, con los cuales podría obtener la información sin mayores trámites burocráticos.

Además, se ahorraría la pena de una doble gestión, si dichas dependencias argumentaran que “después de un examen exhaustivo en sus archivos, no encontraron la información solicitada”, como les ocurre al común de los ciudadanos.

En cambio, “el mundo no ideal” de la transparencia y rendición de cuentas en las oficinas gubernamentales opera con tal eficiencia cuando se trata de los deseos presidenciales, que ya empezaron a filtrar información, sobre algunos contratos de Gálvez Ruiz con el gobierno federal, aun cuando los datos no hayan sido corroborados.

Y mayor extrañeza causa esta agilidad burocrática, si la misma Xóchitl Gálvez ha manifestado su disposición a hacer de conocimiento general los negocios realizados con el sector público, sin necesidad de disposiciones judiciales, pues al ser dueña o principal socia de sus compañías, no requiere reservar datos de sus operaciones comerciales.

Por lo expuesto por la aspirante a la candidatura presidencial opositora, tal vez las ventas realizadas a las fuerzas armadas durante la construcción del aeropuerto de Santa Lucía no puedan hacerse públicas, pues están reservadas por cuestiones de “seguridad nacional”, como casi la totalidad de las obras emblemáticas de la presente administración.

Pero bueno, lo relevante es que el mandatario innombrable dio el primer paso para levantar el castigo al INAI y, en estricto apego al marco legal, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte acompañaron esta manifestación de buena voluntad, al convenir volver a analizar el caso de la operatividad de dicho organismo.

Ciertamente, ello implicará quedarse sin el mundo ideal de la opacidad, aunque siempre está el ardid de la “seguridad nacional” para no rendir cuentas.

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

Además del escaso entusiasmo entre la población que generan las corcholatas y las patadas bajo la mesa entre ellas, el Tribunal Electoral instruyó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE revise, en lo individual, los eventos impugnados por legisladores de Movimiento Ciudadano y el PAN, con el fin de determinar si han violado la ley electoral al realizar actos anticipados de precampaña y campaña.

El panorama para Morena y sus corcholatas se pone guinda, sombrío.

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