El Poder Judicial de Perú condenó el miércoles al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, al concluir que cuando era gobernador regional de Moquegua pidió y recibió sobornos por 2.3 millones de soles (unos 600 mil dólares) de las constructoras Obrainsa e ICCGSA en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La sala ordenó la ejecución inmediata de la pena e inhabilitó al exmandatario por nueve años para ejercer cargos públicos.
El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional fijó 6 años por Lomas de Ilo y 8 por el Hospital de Moquegua, para una sanción total de 14 años —un año menos de lo solicitado por la fiscalía— tras una lectura de sentencia en la que el colegiado sostuvo que “se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal de Martín Vizcarra en la comisión del delito imputado, por lo que debe ser pasible de una sanción penal”.
Los jueces consideraron probado que el exgobernador pidió un pago del 2% del contrato de 80.9 millones de soles del proyecto Lomas de Ilo y que recibió “400 mil soles en enero 2014 y 600 mil en abril 2014”, además del “alquiler de una avioneta a pedido suyo”, según la lectura oficial: “Esta judicatura considera que el acusado Martín Vizcarra sí solicitó el pago del 2% del monto de 80.9 millones de soles por la adquisición del proyecto Lomas de Ilo, a favor de Obrainsa, al testigo Elard Paul Tejeda Moscoso”.
Sobre el hospital regional, el tribunal dio por acreditado que “salió 1.3 millones de soles del consorcio liderado por ICCGSA mediante pagos simulados a la empresa Mzarq”, y que Vizcarra “condicionó la firma del contrato […] a que accedan a pagarle una coima de”. “El colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero”, añadió la sala.
La resolución ordenó cursar la orden de captura nacional e internacional. Días antes, el Poder Judicial ya había dispuesto medidas restrictivas en el proceso y, tras recursos del Ministerio Público, el exmandatario fue enviado a prisión preventiva breve en agosto, en un fallo que lo convirtió en el quinto expresidente peruano privado de libertad en los últimos años, en medio de causas de corrupción de alto perfil. Reuters
Durante el juicio, la defensa de Vizcarra alegó que la oficina de Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS) determinaba al ganador de las licitaciones, por lo que el entonces gobernador carecía de margen para “condicionar” resultados. El tribunal desestimó ese argumento: “la UNOPS solo recomendaba firmar el contrato del proyecto con el ganador de la licitación. El gobierno regional de Moquegua […] tenía la última palabra”. UNOPS, de hecho, había declarado públicamente que su rol fue de asistencia técnica y no decisor, en respuesta a afirmaciones similares previas del exmandatario.
La fiscalía basó parte de su caso en testimonios de exejecutivos vinculados al llamado “Club de la Construcción” —un esquema de colusión y pagos ilícitos para repartirse obras públicas— y en pericias sobre flujos de efectivo y contratos simulados. En octubre, ICCGSA admitió ante la justicia italiana y peruana prácticas irregulares en diversos proyectos; por su parte, Obrainsa fue señalada por la fiscalía peruana en múltiples expedientes anticorrupción desde 2017.
Vizcarra, ingeniero y exgobernador de Moquegua, llegó a la presidencia en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y fue destituido por el Congreso en 2020 en medio de investigaciones por presunta corrupción. Él niega los cargos y ha calificado los procesos como persecución política. En agosto, según una nota de Reuters, sostuvo que los pedidos de encierro eran “desproporcionados” y que se defendería en libertad, algo que la fiscalía rebatió alegando riesgo procesal. La condena de hoy se alinea con la solicitud fiscal más reciente, que pedía hasta 15 años.
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