PULSO

Eduardo Meraz

Mientras en el teatro en atril mañanero, el presidente totalmente Palacio Nacional nos entretiene con declaraciones patrioteras, juicios mediáticos al pasado y ocurrencias sobre la producción de fentanilo, ya dio el primer paso para hacer avanzar partes de su Plan B electoral, dando una mayor intervención al gobierno.

Por esas extrañas coincidencias de la vida, la reunión del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con representantes de las diversas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, se dio a la par de la aprobación para entregar a dicha dependencia la responsabilidad de crear y manejar la cédula de identidad de los mexicanos.

Los diputados aprobaron una nueva Ley General de Operación de los Registros Civiles, mediante la cual se prevé constituir un sistema nacional de registro e identidad, administrado por Gobernación, que permite la inscripción y certificación de los hechos o actos del estado civil, la gestión de la Clave Única de Registro de Población y la vinculación de los datos biométricos” de las personas.

Este avance lo alcanzó gracias a los votos de diputados del Partido Revolucionario Institucional que, de nueva cuenta, dejaron colgados de la brocha a sus aliados -PAN y PRD- y dejando dudas sobre la viabilidad opositora a futuro, tanto en materia legislativa como en próximos procesos electorales.

Si bien falta la aprobación en el Senado de la República, se abre la posibilidad de que esta decisión haga prosperar algunos aspectos de los cambios electorales que desea impulsar el oficialismo, restarle valor y vigencia a la credencial para votar, pues es sabido el interés por convertirla casi en un documento desechable, al elaborarla en papel y, por tanto, fácilmente falsificable.

Un segundo escalón que busca el oficialismo es lograr que la Secretaría de Gobernación tenga a su cargo la actualización y manejo del padrón electoral, con lo cual garantizaría al cuatroteísmo ser juez y parte en los comicios de 2024.

Que esta reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja se dé casi cuatro años y medio después de iniciado el gobierno, justo cuando empiezan a llover las denuncias en las Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el plan B presidencial, no tiene nada de inocente.

Y siguiendo por su periplo con los poderes de la Unión, López Hernández acudió este miércoles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde desayunó con integrantes de la Primera Sala, que es el sitio a donde están llegando las demandas contra el plan B electoral.

Tampoco se informó mayormente sobre lo tratado en ese encuentro, en donde no estuvo presente la ministra presidente, Norma Piña, aunque es muy probable que las cuestiones electorales hayan sido abordadas, por la urgencia de tener una resolución sobre el tema.

Por eso, la dosis de opioide dispersada desde Palacio Nacional se ha concentrado en supuestos reclamos a los vecinos del norte, aunque en los hechos se haya aceptado -sin que ello signifique algún doblez de cualquier tipo- la colaboración de Estados Unidos, quizá más profunda que en los gobiernos anteriores.

Con ello, más que una adicción al fentanilo mañanero la narrativa presidencial, además de su función distractora, trata de provocar la proliferación de “zombis políticos” y, de esa manera, no estén en condiciones de reclamar su derecho a elegir libremente a sus representantes.

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

Con 92 votos a favor, el pleno del Senado abrogó la Ley sobre Delitos de Imprenta, promulgada por Venustiano Carranza en 1917, con lo cual se pone fin a los delitos de injuria, así como la criminalización de la actividad periodística.

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@Edumermo