En el marco de la elección del Poder Judicial, expertos denuncian presunta intromisión política y riesgo para la imparcialidad del proceso electoral del próximo 1 de junio. Y es que ha comenzado a circular una lista de nombres que supuestamente cuentan con el respaldo directo de operadores gubernamentales para ocupar las magistraturas.
A menos de un mes de que se lleve a cabo la elección en la que por primera vez la ciudadanía elegirá directamente a juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras, expertos aseguraron que existe una lista confidencial de aspirantes predilectos para integrar las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que supuestamente cuentan con respaldo político de estructuras de bienestar y operativas del Gobierno.
En la primera Circunscripción promueven a
Elvia Regina Jiménez Castillo
Gabriela Dolores Ruvalcaba García
Sergio Arturo Guerrero Olvera
En la segunda Circunscripción promueven a
María de los Ángeles Guzmán García
María Guadalupe Vázquez Orozco
Ricardo Arturo Castillo Trejo
Roselia Bustillo Marín
En la tercera Circunscripción promueven a
Camelia Gaspar Martínez
Rigoberto Riley Mata Villanueva
María Cecilia Guevara y Herrera
En la cuarta Circunscripción promueven a
Ixiel Mendoza Aragón
José Luis Ceballos Daza
Nereida Berenice Ávalos Vázquez
En la quinta Circunscripción promueven a
Marcela Elena Fernández Domínguez
En los registros nacionales figura también: Fernando Ramírez Barrios
La lista, compuesta por perfiles técnicos en órganos jurisdiccionales, está acompañada por un señalamiento de fondo: la supuesta operación desde instancias del gobierno federal, particularmente vinculadas al ámbito del bienestar social, para asegurar su nombramiento.
Diversas fuentes, tanto dentro como fuera del ámbito judicial, han confirmado que operadores federales están promoviendo activamente a determinadas personas candidatas, impulsando su posicionamiento en entidades clave del país, a través de reuniones, respaldo institucional no declarado y recursos logísticos.
Esto plantea un escenario preocupante para la autonomía judicial y la equidad en la contienda. “No se trata solo de nombrar magistrados, sino de definir desde ahora el árbitro que resolverá las controversias del próximo ciclo electoral”, advirtió un exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE).
Las magistraturas en juego son cruciales: resolverán impugnaciones locales, definirán candidaturas, votarán sentencias clave y, en muchos casos, determinarán el rumbo político de gobiernos estatales y municipales. Un tribunal cooptado abre la puerta a la judicialización dirigida del proceso democrático.
A unas semanas de la elección del 1 de junio, la ciudadanía enfrenta una paradoja: votará para elegir impartidores de justicia, pero podría hacerlo bajo un esquema previamente operado por el poder político. La legitimidad de esta elección dependerá, en buena medida, de que se garantice imparcialidad, equidad y una verdadera pluralidad de perfiles.
