Por Rufino H. León, candidato a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial con el número 31 de la boleta turquesa.
Los jóvenes de 18 a 22 años y los mayores de 65 son los que mayor votación generan en los procesos pero, al mismo tiempo, son a quienes menos se considera en oportunidades, participación y establecimiento de políticas públicas e impartición de justicia.
Existe una paradoja sobre la participación electoral y la vulnerabilidad en justicia. Este edadismo muestra la participación en democracia que no siempre se traduce en mayor protección de derechos.
Así, la discriminación por edad en el sistema judicial muestra cómo la juventud y vejez pueden ser vistas como “inconvenientes” en ciertos contextos.
Por un lado, a los jóvenes a menudo se les cuestiona su experiencia, se les percibe como impulsivos o como si no tuvieran la madurez suficiente para enfrentar batallas judiciales. Por otro lado, los mayores pueden ser vistos como menos ágiles, menos actualizados en los cambios legales o incluso como menos relevantes en procesos que demandan una visión contemporánea.
Sin embargo, ambos extremos etarios representan grupos que, paradójicamente, tienen una fuerte presencia electoral pero enfrentan obstáculos en la defensa de sus derechos y en su acceso a la justicia.
Ahora, ¿quién merece ser representado y defendido? Esto toca el corazón del principio de igualdad ante la ley. En un sistema ideal, la justicia no debería discriminar por edad. Sin embargo, en la práctica, los sesgos estructurales pueden influir en la forma en que se imparten sentencias, en la credibilidad otorgada a los testimonios de ciertos grupos etarios, e incluso, en la aplicación de penas y medidas de protección.
Esto nos plantea: ¿Será que el sistema judicial refleja los prejuicios sociales existentes sobre el valor de la juventud y la vejez? O más aún, ¿podría la participación de estos grupos en elecciones ser un intento de reclamar su espacio en la justicia, aunque el sistema aún no los proteja del todo?
En las elecciones del 2 de junio de 2024, los grupos con mayor participación fueron los jóvenes de 18 años (votantes primerizos) con 61.53 % mientras los adultos mayores de 60 a 79 años oscilaron su participación entre 71 % y 76 %.
Estos datos muestran que ambos grupos tienen un peso significativo en el electorado. La participación nacional fue del 59.8 %, lo que significa que los jóvenes de 18 años y los adultos mayores votaron por encima del promedio. Si combinamos ambos grupos, su influencia es aún más clara.
En el poder debemos reconocer que los sesgos generacionales se construyen como capas invisibles que van acumulándose en la mente colectiva a lo largo del tiempo. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo los adoptamos, porque están profundamente integrados en nuestra cultura, en el lenguaje y en la forma en que interactuamos con otros.
Debemos ser conscientes que desde pequeños, absorbemos percepciones sobre la edad a través de nuestras familias, escuelas, medios de comunicación y la sociedad en general. Si vemos que cierto grupo etario es tratado de una manera específica, empezamos a replicarlo como una norma.
Emergen entonces estereotipos reforzados, división por roles, representación en medios y normas económicas y laborales
A medida que estos sesgos se afianzan, crean paradigmas generacionales, reglas invisibles que determinan qué se espera de cada edad. Es momento que el Poder Judicial genere decisiones y acciones para todos los integrantes de distintas generaciones.
