Legislativo

Senado de la República Organiza el “Primer Simposio: Trombosis en México”

En el marco del Día Mundial de la Trombosis, que se conmemora el 13 de octubre, organizaciones como el Comité de Trombosis y Hemostasia y la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hemostología, sumaron esfuerzos con el Senado de la República para organizar el “Primer simposio: Trombosis en México”, evento en el que ponentes expertos de carácter inter-institucional mostraron un panorama de la relevancia que la patología supone.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, tan solo en 2016, la trombosis cobró la vida de 18 millones de personas en sus variedades arterial y venosa, situándose como la primera causa de muerte a nivel mundial; panorama que no difiere mucho en México dadas las comorbilidades prevalentes como la diabetes, que ocupa el segundo lugar con 106,525 decesos; la obesidad, que afecta a 1 de cada 3 adultos; y la hipertensión, que padece el 22.3% de la población.

Durante el Foro convocado por el Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, de la facción de Morena, el legislador advirtió que, si bien los mayores esfuerzos del gobierno se han centrado en la prevención, detección temprana, tratamiento y reducción de infartos, advirtió que no hay información precisa sobre la trombosis, lo que impide dimensionarla y visualizar la carga física, emocional y económica que la enfermedad representa, tanto para los pacientes y sus familiares, como para el sistema de salud y el erario público.

La trombosis es un trastorno silencioso, subyacente, que actúa como mecanismo común en las tres principales causas de muerte en la población mundial: infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular y tromboembolia venosa.

En este contexto, el Senador Guadiana Tijerina alertó que no sería descabellado asumir que, en algún punto del futuro, podríamos entrar en una epidemia de eventos trombóticos, por lo que informó durante el evento que presentará la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley General de Salud, permitiendo a la Secretaría de Salud poner mayor énfasis en la atención de la trombosis y con ello, establecer bases que sirvan para generar Normas Oficiales que incluyan especificaciones técnicas y acciones específicas.

El Senador puso a consideración y con carácter prioritario la prevención y atención a las enfermedades trombóticas, con base en el conocimiento de los factores de riesgo, sus causas, métodos de prevención y control, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud cardiovascular.

En el documento se pide realizar diversas campañas de promoción a los derechos de las personas con enfermedades cardiovasculares, como la implementación estratégica y gradual de servicios de salud en la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles, y la investigación multidisciplinaria en materia de salud antitrombótica.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las ECV son una condicionante para la mejora en el rubro de salud de las naciones, por lo que la organización recomendó mejorar los sistemas de atención primaria para la detección oportuna, así como reforzar la atención secundaria una vez que se haya confirmado el diagnóstico de alguna ECV.

En países como México, los costos económicos por ausentismo, presentismo y muertes por enfermedades crónicas no transmisibles, ECNT, como las ECV’s, crecerán de 3.7 a 3.9 por ciento del PIB entre 2010 y 2030, es decir, éstos podrían aumentar de 51.2 mil millones a 102 mil millones de dólares.

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Piden impulsar leyes para proteger mares y océanos en México

La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República llamó a construir un marco legislativo que desincentive las malas prácticas industriales, gremiales y hábitos personales que han derivado en impactos negativos a mares y océanos.

“No debemos permitir la contaminación de nuestras costas, la muerte y desaparición de nuestras especies endémicas, ni el abuso de los litorales de toda la República Mexicana”, afirmó el presidente de la Comisión, Raúl Bolaños Cacho-Cué.

El senador dijo: “estamos obligados a luchar por el bienestar de nuestros mares (…) obligados a declararle la guerra a la contaminación de nuestras aguas y dar la batalla para revertir el calentamiento global”.

Ante ello, convocó a los sectores involucrados a trabajar unidos para lograr una legislación adecuada para el cuidado de los mares y océanos, tras reconocer que México está retrasado en la agenda sobre el medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales, la cual “debe ser la más importante”.

Cacho-Cué advirtió que es necesario generar herramientas y promover canales de colaboración que resulten en una legislación dirigida a salvaguardarlos.

Los mares y océanos, recordó, contienen aproximadamente 97 por ciento del agua y generan la mitad del oxígeno en el mundo.

Desafortunadamente, las actividades humanas -productivas y de consumo- son una amenaza constante que contribuyen a la contaminación y el cambio climático. Por ello se debe combatir esta condición, sin colores ni partidos políticos. “Es una justa que debemos enfrentar todos con unidad y por el bien de México”, concluyó.

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Marina y Ejército generan mayor certidumbre en la población, revela encuesta

Una encuesta elaborada por la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados en conjunto con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) reveló que la Marina y el Ejército son las dos instituciones que mayor reconocimiento a su trabajo y confianza tienen los habitantes de las seis entidades que conforman la Frontera Norte de nuestro país, como son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La citada encuesta se realizó del 25 al 28 de septiembre pasado y se aplicaron 900 muestras a personas mayores de 18 años, vía telefónica.
Para disminuir la inseguridad, los encuestados exigen a las autoridades una mayor vigilancia policiaca, aplicación rigurosa de la ley, combate a la corrupción, así como más inversión en educación, entre otros.
En reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, se explicó que el objeto de la encuesta es contar con un instrumento de medición que permita detectar la opinión pública respecto a la Seguridad, Participación Ciudadana y Migración en dichas entidades.
De acuerdo con la información, la respuesta a la pregunta de “utilizando una escala de uno a 10 donde uno significa muy malo y 10 muy bueno ¿qué calificación les daría a las siguientes instituciones?”, fue de la siguiente forma:
Armada de México, 8.5; Ejército Mexicano, 8.1; Guardia Nacional, 7.5; Policía Federal, 6.5; Policía Municipal, 5.3; Ministerio Público, 5.4, y Jueces, 5.4 por ciento.
El documento revela que el 32.2 por ciento de la muestra opinó que las autoridades son parte de la delincuencia, 27.5 que hacen lo necesario, 22.7 considera que no trabaja o no funciona, 11.0 sostiene que las autoridades hacen bien su trabajo, en tanto que el 6.7 dijo no saber o no respondió.
Se expuso que las acciones de mayor demanda por parte de la población son: mayor vigilancia policiaca, 25.7; aplicación rigurosa de la ley, 22.2; combate a la corrupción, 16.7; inversión en educación, 14.4; programas de capacitación y profesionalización, 12.9; hacer bien su trabajo, 8.8; generar empleos, 7.4.
También, estrategias de inteligencia en seguridad, 6.8; mejores salarios, 6.2; incentivar la participación ciudadana, 5.8; evaluación y control de confianza, 4.9; mayor coordinación entre autoridades, 4.7; depuración de cuerpos policiacos, 4.0; combatir el narcotráfico, 3.8; disminuir la pobreza, 2.9, y certeza jurídica a la acción policial, 2.5, entre otras.
Respecto a cuál es el delito que consideran más frecuente en el lugar donde vive, destaca el robo, en tanto que los que le siguen son el narcotráfico, el homicidio, el secuestro, la extorsión y la violación.
Asimismo, en la investigación se señala que 56.1 por ciento de la muestra rechaza que para disminuir la violencia ocasionada por el narcotráfico deba legalizarse la marihuana. En tanto que un 65.1 por ciento está en contra de la portación de armas reglamentarias por parte de la ciudadanía.
A la presentación de los resultados de la encuesta asistieron los diputados Benito Medina Herrera, presidente de la Comisión de Defensa Nacional; Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, presidente de la Comisión de Asuntos de los Frontera Sur; Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, y Juan Ortiz Guarneros, secretario de la Comisión de Marina.

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Piden presidentes municipales y alcaldes a diputados no disminuir el recurso para seguridad

Presidentes municipales y alcaldes de las diferentes fuerzas políticas del país solicitaron que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 no bajen los montos para subsidio a seguridad pública, porque el proyecto enviado por el Ejecutivo plantea una disminución del 27 por ciento.
En conferencia de prensa, los munícipes aseguraron que con la intervención de los diputados es posible evitar que el apartado denominado subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (Fortaseg) no tenga reducciones.
El presidente de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), César Garza Villarreal, alcalde de Apodaca, Nuevo León, expresó su preocupación por la reducción del Fortaseg, lo cual “es uno de los principales signos de este retroceso en la visión municipalista de la estrategia integral de seguridad”.
Sostuvo que la acción de reducir por segundo año consecutivo el Fortaseg “atenta directamente contra las finanzas de los municipios en los que hay mayores índices de conflictividad en las zonas metropolitanas del país”. Consideró que los grupos parlamentarios deben hacer un planteamiento para “revertir esta errónea estrategia de reducción del Fortaseg”.
Precisó que, además de recursos, hay muchas otras tareas que inciden en la seguridad de las comunidades y que son materia de legislación federal, como afinar el régimen laboral de los policías, fortalecer sus prestaciones; regular casas de empeño porque son, frecuentemente, “el eslabón de la cadena en que se lava los productos de lo robado”, y las viviendas abandonadas del Infonavit, las cuales son focos de inseguridad en las comunidades.
Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan, estado de México, señaló que en 2018 hubo cinco mil millones de pesos para el Fortaseg; en el 2019, cuatro mil millones, y para 2020 se proponen 3 mil millones de pesos para la seguridad de los municipios. “No puede suceder esto”.
Subrayó que es una exigencia de los ciudadanos dar resultados, pero éstos se dan con presupuesto, “si no tenemos recursos los municipios no vamos a poder dar resultados”.
Asimismo, Vargas del Villar solicitó a los legisladores dar el debate y sacar los recursos para el Fortaseg, “porque si logra esta comisión poder regresar a los cinco mil o seis mil millones que estamos pidiendo los municipios para la seguridad, va a ser una gran victoria para tener patrullas, armamento y dinero para pagar a los policías”.
El presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), Francisco Javier Castellón Fonseca, alcalde de Tepic, Nayarit, estimó que en la discusión del presupuesto no solamente se debe plantear el tema de revertir la reducción para el Fortaseg, sino también “tener una política de seguridad que atienda las diferentes vertientes del problema que se vive en el país”.
Subrayó que “la Guardia Nacional, el Ejército y las policías han sido rebasadas, a veces hasta por delincuentes que se disfrazan de luchadores sociales. Me preocupa mucho que esa parte de repente haga convertir a nuestro país en un territorio inmanejable”.

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Comisión de Gobernación en el Senado desecha desaparición de poderes en estados

Con 11 votos a favor, uno en contra y una abstención, este martes la Comisión de Gobernación en el Senado de la República desechó la desaparición de poderes solicitada para los estados de Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas.
Durante una reunión extraordinaria, los miembros de la Comisión de Gobernación aprobaron el dictamen por el que se rechaza la desaparición de poderes.
De acuerdo con el procedimiento de la Cámara Alta, el siguiente paso es que el dictamen pasará al Pleno del Senado para ser discutido y votado por todos los senadores.
Cabe señalar que en días pasados la bancada del PAN en el Senado, solicitaron la desaparición de poderes en Veracruz, al considerar ilegal la destitución del fiscal del estado, Jorge Winckler.
En respuesta, la bancada de Morena hizo lo propio en Guanajuato y Tamaulipas, estados con gobiernos panistas.
Después de analizar los argumentos de ambas bancadas, los integrantes de la Comisión de Gobernación rechazaron las solicitudes.

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Aprueba Senado renuncia de Medina Mora

Con 111 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, este martes el Senado de la República aprobó la renuncia del ahora ex ministro, Eduardo Medina Mora.
En la discusión participaron 20 senadoras y senadores para hablar sobre la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia, la mayoría en contra de que Medina Mora no diera explicaciones sobre las causas de su renuncia.
En el debate había coincidencia en que se le aprobaría, pero se dieron diversas argumentaciones sobre la actuación del ahora exministro en los diferentes cargos que ha desempeñado.
Se mencionó que su aprobación no fue tersa, ya que había antecedentes de violación a derechos humanos, que miles de ciudadanos manifestaron su inconformidad y que a pesar de eso se nombró Ministro de la suprema corte.
El debate concluyó con la intervención del senador Ricardo Monreal, quien argumentó que el Senado no es el organismo que debe juzgarlo y que él cree en los principios de presunción de inocencia y del debido proceso de cualquier acusado.

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Llama Morena cesar persecución por desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas

El Grupo Parlamentario de Morena hizo un respetuoso llamado a los gobernadores de Guanajuato y Tamaulipas, cesar la persecución en contra de las senadoras de esas entidades federativas, Martha Lucía Micher Camarena, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Guadalupe Covarrubias Cervantes y del senador Américo Villarreal Anaya.

En un mensaje videograbado, el senador Ricardo Monreal Ávila, acompañado de los integrantes de la fracción parlamentaria, aseguró de manera contundente que la solicitud de desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas tiene el aval del Grupo.

Lo anterior, provocó que los aparatos administrativos y de gobierno de esos estados, encabezados por los propios gobernadores, hayan emprendido una campaña “mediática brutal” en contra de dichos legisladores, dijo.

Desde el Senado, que es el cuerpo colegiado del Pacto Federal, “hacemos un llamado respetuoso a los gobernadores, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que en estos dos estados no sigan generando el odio ni la persecución política contra nuestras senadoras y senadores”.

El coordinador de Morena alertó que “han llegado al extremo de amenazar a sus familias y de estar contratando en las comunidades a personas que vayan a manifestarse los próximos días, respaldando artificialmente a los gobernadores de los estados”.
Ante ello, aseguró que las legisladoras y legisladores “no están solas ni solos. Vamos a actuar conforme a la ley y al derecho. Nosotros actuaremos con prudencia y con sigilo jurídico. Pero les exigimos que cesen sus campañas pagadas en redes y medios hostiles afines a ellos y de linchamiento mediático contra nuestras senadoras y senadores”.

Aclaró que en la solicitud de desaparecer poderes en estas dos entidades, el Senado de la República solamente hace eco de la exigencia ciudadana, de la inseguridad pública, de la violencia generalizada, la violación de derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales, a cargo de “escuadrones de la muerte” que ocurren en estos estados.

Afirmó que todo lo anterior se ha demostrado y hay evidencias claras de la situación que padece la población.

“Vamos a actuar responsablemente. Es apenas la solicitud, pero la Comisión de Gobernación actuará y deslindará responsabilidades. No adelantamos vísperas ni hacemos juicios sumarios contra nadie, pero es hora, señores gobernadores, de actuar con prudencia”, expresó.

Las senadoras de Guanajuato y de Tamaulipas no están solas, tienen todo el respaldo del Grupo Parlamentario, y si es necesario, nos trasladaremos a esos estados para exigir el cese de la brutalidad de las campañas que han emprendido su contra.

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Costará 11 mdp liquidar a 35 recomendados de Martí Batres

Un grupo de cerca de 35 extrabajadores del Senado, que entraron por recomendación del expresidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, se organizaron para exigir al Senado que les pague una liquidación, que implicará un promedio de 321 mil pesos por cada uno, que representarán una erogación no prevista de la institución de casi 11 millones de pesos.

Los extrabajadores, quienes fueron dados de baja a partir del pasado 15 de septiembre, argumentan que, al haber ocupado una plaza de estructura en el Senado, tienen derecho a una liquidación, aunque algunos de ellos no cumplieron el año de laborar en la institución.

Entre quienes buscan esa liquidación están Federico Anaya, quien fuera el consejero jurídico de Martí Batres en el Senado, así como Omar Butrón, el subcontralor que aseguró haber cursado la licenciatura en un año y ser pasante de maestría sólo un mes después.

Desde el 15 de septiembre, 86 trabajadores del Senado, entre ellos los 66 que llegaron por recomendación directa del senador Martí Batres, causaron baja en la institución, por lo que fueron notificados; de ese total, sólo un grupo de quienes ocuparon puestos de estructura han decidido unirse para exigir que el Senado les entregue una liquidación o los reinstale en sus puestos, porque, desde su perspectiva, no existe ningún motivo laboral que justifique su salida.

Este grupo de extrabajadores ya hizo el planteamiento oficial a las autoridades de la Mesa Directiva, para que se les entregue el dinero al que dicen tienen derecho.

De acuerdo con información obtenida por Excélsior entre las autoridades del Senado, en este grupo de cerca de 35 personas que buscan la liquidación están todos los que trabajaron en la Coordinación de Consultoría Jurídica Legislativa, que encabezó Federico Anaya Gallardo; con él están Olivia Rubio, Claudia Mendiola, Joel García López, Elisa Álvarez Hernández, Juan Carlos Gómez Nájera, Roberto Euclides Hernández González, Yolanda Pérez Santillán, Frida González Jordán, Omar Monroy Rodríguez y Liliana Martínez Calderón.

El 17 de junio pasado, Excélsior informó que entre este grupo de trabajadores del Senado existen personas que carecen del título profesional para ser asesores parlamentarios y, salvo Olivia Rubio, ninguno tiene experiencia en ese tema.

En esa ocasión, este diario mencionó que Joel Aniceto García López, pasante de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública, fue director de Bienes, Servicios y Archivo de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación SAE, donde también fue coordinador de Servicios Generales y Archivo. En el Senado ganó 89 mil 717 pesos brutos mensuales, que se traducen en 64 mil 909 pesos brutos netos, después de impuestos.

Y Juan Carlos Gómez Nájera, pasante de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública, fue auxiliar administrativo y maestro en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México; en el Senado ganaba 61 mil 446 pesos brutos mensuales, que menos impuestos se convierten en 45 mil 456 pesos netos al mes.

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Anuncia CNTE protestas en el Senado por leyes educativas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que realizará una concentración en el Senado de la República a partir de este martes para manifestarse con motivo de la discusión de las leyes secundarias de la Reforma Educativa.

La sección XXII de Oaxaca, cuyo secretario general es Eloy López, convocó a sus integrantes a acudir a las instalaciones del Senado a partir del 24 de septiembre como lo hizo la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde se aprobaron las leyes reglamentarias de la Reforma Educativa.

En esa ocasión, los docentes bloquearon parte de los accesos al recinto de San Lázaro.

Ahora, tocará el turno de los senadores para revisar las minutas de estas normas y en su caso avalarlas.

La concentración se llevará a cabo a pesar de que se tomaron en cuenta demandas de la Coordinadora como la eliminación de las “evaluaciones punitivas”.

En las leyes secundarias también se incluyeron aspectos como el acceso prioritario a plazas docentes para los egresados de las escuelas normales.

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Paridad debe ser piso mínimo y no un tope máximo para la participación de las mujeres: IBD

La reforma de paridad de género aprobada por el Congreso mexicano sentó un precedente a nivel mundial en la construcción de una democracia más justa e igualitaria, sin embargo, para la consolidación de este avance será necesario reglamentar este principio, de forma que la paridad sea un piso mínimo y no un tope máximo para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).

El documento titulado “Reforma Constitucional de Paridad de Género: Rutas para su Implementación”, elaborado por la investigadora Lorena Vázquez Correa, explica que, de acuerdo con los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de paridad publicada el 6 de junio de 2019, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones normativas correspondientes para cumplir con dicho principio en los términos del artículo 41.

En ese sentido, la investigadora destaca que, entre los ordenamientos a modificar, se encuentran: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 32 constituciones de las entidades federativas.

Por otro lado, el estudio apunta que es indispensable legislar y crear políticas para erradicar la violencia política de género, a fin de que ésta no se convierta en el costo que tienen que pagar las mujeres por participar en la toma de decisiones. Además, si se quiere avanzar en materia de igualdad de género en los partidos políticos y la política nacional, es importante abordar la subrepresentación de las mujeres en los cargos de liderazgo al interior de los partidos.

El desafío más importante que persiste y amenaza la construcción de la Democracia Paritaria tiene que ver con que la efectiva redistribución del poder público debeir acompañada de la redistribución de las tareas del espacio privado, relacionadas con actividades domésticas y de cuidado, para lo cual, cobra especial relevancia la promoción de una agenda legislativa de género y redes de colaboración entre mujeres y hombres, que combatan la desigualdad estructural que se reproduce en el hogar, que abone a mejorar la representación sustantiva de las mujeres, y, por tanto, que contribuya al fortalecimiento de la democracia, sostiene la investigadora.

La investigación del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4580

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